News content

La comunidad de Copal Abajo, en el departamento de Choluteca, y la aldea Chivana, en Omoa, Honduras, se enfrentaban a una realidad desafiante: la escasez extrema de agua. Despertar un día con más de 40 grados de temperatura y descubrir que no hay agua para necesidades básicas como beber, cocinar o asearse. Durante años, esta fue la difícil situación para sus habitantes. Sin embargo, gracias al Programa de Agua y Saneamiento Rural para Honduras, apoyado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el escenario ha cambiado.

Doña Julia Pineda, residente de Copal Abajo, recuerda los tiempos en que tenían que recorrer largas distancias para conseguir agua: “Estábamos en extrema sequía, no teníamos agua ni para los niños más pequeñitos; y eran ellos quienes acompañaban a la madre a acarrear agua caminado largas distancias hasta la quebrada. Ahora, con el proyecto del agua, somos beneficiadas en la comunidad y también los niños de la escuela”, cuenta.

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental, según estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, en muchas partes del mundo, incluyendo Honduras, grandes segmentos de la población, especialmente en áreas rurales, carecen de este recurso vital.

Honduras ha enfrentado desafíos significativos debido a la variabilidad climática, con aumentos de temperatura y períodos de sequía que afectan a áreas que antes tenían ciclos de lluvias más predecibles. Esta situación ha generado impactos en la economía, el medioambiente y ha contribuido al fenómeno de la migración climática.

Según el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene (JMP) de la OMS y UNICEF, en 2020, el acceso al agua potable mejorada en áreas rurales de Honduras era del 89,87%, pero la cobertura de agua gestionada de manera segura disminuía significativamente al 18,71%. Esto refleja la brecha entre áreas urbanas y rurales en cuanto al acceso al agua potable.

La calidad del agua también ha sido un desafío. En 2016, solo el 10% de los proveedores rurales suministraban agua apta para consumo humano. Esto afectaba especialmente a grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los niños menores de cinco años. ​

UN PROYECTO EN COMUNIDAD

Ante esta realidad, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento ha desempeñado un papel crucial en la mejora de la situación. Gracias a una financiación de 17 millones de dólares, más de 55.000 personas en Choluteca y Omoa obtuvieron acceso a agua potable, y más de 28.000 personas cuentan con acceso a saneamiento adecuado. El proyecto incluyó la instalación y rehabilitación de sistemas de agua potable, unidades de saneamiento y sistemas de alcantarillado con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Una característica destacada del proyecto fue su enfoque participativo, que involucró a las comunidades beneficiarias en la ejecución y supervisión de las obras. También se enfocó en el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de capacidades comunitarias.

Aunque aún queda trabajo por hacer para garantizar que todos los hondureños tengan acceso a agua y saneamiento, este proyecto ha marcado una diferencia significativa en la vida de las personas en las comunidades beneficiarias. Además, se abrieron oportunidades laborales dentro de las mismas localidades, así como en el desarrollo y consolidación de capacidades funcionales en las organizaciones de base comunitaria; donde las mujeres juegan un rol fundamental, asumiendo posiciones de liderazgo en las directivas de las juntas de agua y creando conciencia de la importancia de cuidar el agua.  

El proyecto además implementó diversas actividades de desarrollo comunitario para capacitar a más de 12.000 personas usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento, en higiene y en el valor social y económico de estos servicios. En cuanto a fortalecimiento de capacidades institucionales, se reforzó la normativa técnica, desarrollando diversos instrumentos normativos y regulatorios, tales como manuales para ejecutar proyectos, conformar juntas y concienciar en temas como la protección de fuentes o el uso racional del agua. También se reforzaron las capacidades de 80 juntas de agua, 89 municipios y las Oficinas Regionales del SANAA.

Elexy Nohemy Egauindiquem, residente de Omoa, cuenta que a sus 65 años comienza a vivir por primera vez en una aldea con agua limpia y saneamiento, algo que no solo ha mejorado su vida, sino que ha impedido más muertes: “Antes había muchas muertes de niños, ahora llevamos años que un niño no se muere, por el gran avance”, dice.