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Representantes de los ministerios de defensa, educación y relaciones exteriores y organizaciones de la sociedad civil de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y se han reunido del 15 al 18 de octubre en el taller regional “Construyendo puentes para la seguridad integral de las escuelas en América Latina y el Caribe”, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en  Cartagena de Indias, Colombia.

Esta actividad ha sido organizada conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Grupo Regional de Educación de América Latina y el Caribe (GRE-LAC), la Coalición Global para Proteger la Educación Frente a Ataques (GCPEA), la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), y la Alianza Global para la Reducción del Riesgo y Resiliencia del Sector Educativo (GADRRRES), con la colaboración del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como anfitrión en el país y en el marco de la Red de Estados para la Implementación de la Declaración de Escuelas Seguras liderada por el gobierno de Noruega.

El evento fue inaugurado por Anna Azaryeva, representante adjunta de UNICEF en Colombia, en representación del sistema de las Naciones Unidas en Colombia; Joaquín Arístegui, embajador de España en Colombia y Kandya Obezo, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Con la firme determinación de proteger el derecho a la educación en el mundo, en el ámbito humanitario la AECID ha fortalecido significativamente sus actuaciones en el sector de la educación en emergencias en los últimos años, tanto en el enfoque de sus instrumentos de planificación como en el impulso de intervenciones del sector. Desde 2017, la AECID ha superado los 54 millones de euros dedicados al sector. Gran parte de los esfuerzos de nuestra agencia se han focalizado en la educación en situaciones en conflicto”, señaló el Embajador Aristegui en su intervención.

Por su parte, la viceministra colombiana indicó que “la educación de nuestros niños y niñas es clave para una sociedad justa y equitativa. Invertir en ella es sembrar las semillas del progreso, la innovación y la paz. Con la adhesión de 120 países a la Declaración sobre Escuelas Seguras, reafirmamos nuestro compromiso global para proteger la educación, incluso en los contextos más difíciles. Es crucial también que transformemos los compromisos en acciones prácticas, protegiendo nuestras escuelas de violencia y militarización, asegurando espacios seguros para el aprendizaje y la formación de agentes de cambio en nuestras comunidades.”

Amenazas a la educación en cifras

Según pudo exponer la representante de la GCPEA, Michela Ranieri, en los años 2022 y 2023 en todo el mundo se han registrado más de 6.000 ataques que han afectado a más de 10.000 estudiantes y docentes: ataques a instalaciones educativas, secuestros, reclutamiento,  asesinatos y violencia sexual, especialmente en el caso de las niñas y las educadoras. Entre los 79 países donde se han producido estos ataques, se encuentran varios de América Latina y el Caribe, en la que Colombia fue el país más afectado en este período con más de 175 ataques contra escuelas, uso militar de las instalaciones educativas,  reclutamiento de niños y niñas en la escuela o de camino hacia ella. Haití, México, Guatemala, Venezuela y Chile, entre otros, también se vieron afectados por ataques a la educación, muchas veces relacionados con la represión violenta de protestas en el ámbito de la educación superior.

Se analizaron también otras formas de violencia que día a día ponen en riesgo el derecho a la educación en la región, amenazas de origen natural, tecnológicas y otras  vinculadas con cambio climático, las epidemias y pandemias, así como amenazas cotidianas que impactan, todas ellas,  directa y gravemente, en la seguridad de niños, niñas y adolescentes y en la de la comunidad educativa en su conjunto.

Las delegaciones participantes en el taller han coincidido en que a esta región se le suman retos de visibilidad y financiamiento, en un contexto mundial de incremento y agravamiento de los conflictos armados, en el que la ayuda internacional tiende a destinarse a otras crisis humanitarias, como Oriente Medio o Ucrania .

Dos agendas complementarias. Una oportunidad común con enfoque de triple nexo.

Estos cuatro días de trabajo han girado en torno al análisis de dos de los principales instrumentos en el ámbito de la seguridad escolar:  la Declaración de Escuelas Seguras y  el Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030. Además se ha reflexionado sobre cómo las Normas Mínimas para la Educación de la INEE, instrumento técnico de referencia en el sector de la educación en situaciones de emergencia, puede apoyar los procesos de articulación entre ambos marcos. “Las normas INEE se basan en el derecho de todas las poblaciones afectadas por desastres y conflictos a una vida digna y una educación segura, equitativa, de calidad y relevante” según expuso Laura Tiana Álvarez, coordinadora de la comunidad hispana de la INEE.

Sobre la base de la “Hoja de ruta sobre escuelas seguras de Centroamérica”, entre otros avances previos en estos ámbitos en sus respectivos países, las delegaciones han profundizado en la convergencia de ambos enfoques, la importancia de trabajarlos articuladamente y han reflexionado sobre posibles acciones de coordinación, con la finalidad última de construir una estrategia de acción conjunta de seguridad escolar en la región,

“Para enfrentar estas dificultades es esencial consolidar estrategias colaborativas orientadas a fortalecer la seguridad escolar, garantizar la continuidad educativa y desarrollar resiliencia frente a las múltiples crisis que enfrentan nuestros países”,  afirmaba Sussana Urbano Hanson, representante de Save the Children Internacional y co líder del Grupo Regional de Educación en las Américas.

Otra de las conclusiones alcanzadas es que, para lograr resultados, es fundamental vincular la respuesta humanitaria educativa a las emergencias con la planificación del medio y largo plazo para la gestión del riesgo desde una perspectiva integral de este sector. “La participación activa de la comunidad escolar en la identificación de riesgos contribuye a una preparación más sostenible y alineada con las necesidades de desarrollo local y el enfoque de triple nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la paz es imprescindible para seguir avanzando”, en palabras de la representante del GADRRRES, Janaina Hirata.

Los debates también han visibilizado la necesidad de que la Declaración sobre Escuelas Seguras, endosada por todos los países participantes en el evento, pueda inspirar acciones pertinentes en cada contexto donde confluyen otras formas de violencia armada que amenazan el derecho a la educación.

Próximos pasos en diferentes niveles

Con el firme convencimiento de que una educación segura y de calidad en situaciones de emergencia y en contextos humanitarios proporciona una protección física, psicosocial y cognitiva que puede salvar y mantener vidas, todas las delegaciones regresan a sus países con el propósito compartido de continuar con el trabajo en sus respectivos ámbitos.

Donantes, estados y sociedad civil coinciden en la necesidad de lograr una estrategia de trabajo común en la región que proteja los derechos de la niñez en el sector educativo, incluyendo a la que se encuentra en situación de movilidad. Niños, niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe tienen derecho a la seguridad, la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación, como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y deberían poder hacer realidad estos derechos en la escuela.