En el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Derecho humano al saneamiento como un derecho independiente del derecho al agua, aunque ambos estén estrechamente relacionados. El objetivo era dotar al saneamiento de la importancia y la atención que merece por su profundo impacto en la vida de las personas y el medio ambiente. 

El saneamiento engloba no solamente una serie de infraestructuras que permiten que las aguas residuales sean recogidas, depuradas y transportadas correctamente hasta poder ser devueltas al medio ambiente en las condiciones adecuadas para ello, sino también el conjunto de disposiciones normativas, políticas públicas y planes sectoriales que permiten realizar una gestión adecuada de los servicios.  La falta de planificación y las carencias en la gestión pueden generar riesgos sanitarios en la población, la contaminación de las cuencas y zonas costeras, disminuir la fertilidad de las tierras de cultivo y poner en peligro la calidad y salubridad de los productos que se producen en ellas.  En los últimos años se han producido mejoras, pero se estima que, en la región de América Latina y el Caribe, todavía un 80% de las aguas residuales no reciben el tratamiento correcto.  

La gestión de las aguas residuales ha de realizarse desde un enfoque integral, de forma planificada y coordinada entre las diversas entidades que participan en el
proceso. Para ello son necesarios recursos económicos y humanos adecuados que permitan operar, mantener y reparar las infraestructuras, controlar los sistemas de tratamiento, vigilar la calidad de los vertidos y, en general, gestionar adecuadamente las aguas residuales. Consciente de estas necesidades, el Fondo del Agua de la Cooperación Española ha trabajado específicamente en diversos aspectos para impulsar el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales en la región:


1)    Políticas públicas, normativa y planificación sectorial 
2)    Desarrollo del servicio 
3)    Proyectos desarrollados