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 ¿Cuál ha sido su participación en la CODIA?

 A mí me encargó la CODIA que presentara una ponencia sobre lo que es mi especialidad en gestión de las aguas y, dentro de ese marco, lo que se refiere a la planificación hidrológica. Hay diferentes supuestos en Latinoamérica, lo que hice fue presentar el resultado de mi trabajo y hablar de las características que tiene la legislación de aguas, dónde existe, dónde está modernizada, dónde se habla de planificación y concluir la exposición indicando cuáles serían las recomendaciones que yo daría para una futura normativa sobre planificación y sobre el contenido de la planificación hidrológica.   

Y ¿cuál es la situación actual de la planificación  hidrológica en América Latina?

Si tengo que decir una simple frase: rudimentaria e iniciándose. En algunos países con más desarrollo que en otros y en otros simplemente pues con ningún desarrollo todavía. Desde puntos de vista comparativos no es la misma situación que la española,  donde se cuenta con una gran tradición en materia de planificación hidrológica o  como en la Unión Europea, donde la Directiva Marco de Aguas ha dado claras directrices sobre el conjunto. Al margen de que la comparación, hay procesos muy dinámicos, un interés sumo en llevar a cabo la gestión de las aguas basada en una previa planificación y ya están puestas las bases para que eso se consiga en el futuro. Creo que podemos ser optimistas, sabiendo perfectamente que la situación actual no es precisamente satisfactoria.

​¿Y qué frenos tienen los países para esta planificación?

El primero de todos ellos es del conocimiento de la situación de los recursos hídricos en cada lugar. La planificación tiene que apoyarse en conocimiento lo más exhaustivo posible de la situación de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, de los usos a los que se dedica. En muchos casos hay un gran desconocimiento de la situación existente y además se necesitan instrumentos que no en todos los países existen, como son registros de aprovechamientos de aguas o la regularización de concesiones de autorizaciones etc.

De todas maneras, la información es el punto de partida  pero ésta debe acompañarse de personal técnico y cualificado, porque la planificación es algo difícil. Además es necesaria una legislación que encauce la planificación y para eso hay que fijar cuál debe ser su contenido, cómo se aprueba, cómo se engarza la planificación en el ordenamiento jurídico, cómo se relaciona con las planificaciones del suelo, de planificación energética, con la planificación relativa a los alimentos a la agricultura etc...

Usted tiene bastante escrito sobre ciudades y agua, ¿qué retos de saneamiento tiene que haber en las ciudades de América Latina en el futuro?

El primero es que no todas cuentan con una red de saneamiento suficiente y la situación es variable según los países. Hoy en Latinosan se nos ha hablado de que Costa Rica solo trata del 15 por ciento de sus aguas residuales, lo que es un porcentaje  minúsculo. Así como en la década de los Objetivos del Milenio se ha alcanzado un porcentaje muy notable en el abastecimiento de agua que supera  el 90 por ciento de población servida, en el ámbito del saneamiento está mucho por hacer todavía. Y es fundamental que eso se haga, porque la falta de tratamiento afecta a la calidad de las aguas y al final puede afectar también al mismo suministro.

Lo que ocurre es que el tratamiento no es barato. Se insiste mucho en soluciones basadas en la naturaleza,  pero las grandes grandes ciudades necesitan grandes plantas y tratamientos terciarios y eso representa un volumen económico de inversión muy importante. Esto hace necesaria una cultura sobre el pago de las tarifas para que se cubra, al menos, una parte de los costes

¿Por qué cuesta tanto financiar el saneamiento? ¿Es un tema de económico o de prioridad política?

Las dos cosas son ciertas. Pero tiene que existir una cierta cultura de pago por parte de los beneficiarios. El pago por el suministro de agua o  por la depuración no es algo que esté muy difundido ni que se vea bien y, desde luego, los gobiernos a veces se resisten a adoptar esas medidas por lo que creen que pueda suponer de coste electoral. Pero sólo con los presupuestos públicos no es posible atender las necesidades.

Las políticas públicas se financian de dos formas: o por los contribuyentes o por los usuarios, no hay otra solución.

Como experto en derecho al agua, ¿Cómo afrontar la financiación de sistemas en zona rural o en comunidades alejadas indígenas en América Latina? Ya sabemos que hay una brecha enorme y es necesario afrontarla.

​La defensa es muy fácil desde el punto de vista jurídico,  porque es un derecho. Y como es un derecho, hay una obligación de los poderes públicos competentes en cada caso. Y paralelamente los ciudadanos pueden exigir ante los tribunales  su cumplimiento. No es un tema de rentabilidad, sino es un tema de cumplimiento del ordenamiento jurídico en este caso.