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Son dos aspectos en los que se había identificado la necesidad de realizar una sistematización que permitiera extraer las buenas prácticas llevadas a cabo, así como identificar los desafíos y aspectos a mejorar, con el objetivo de tenerlos en cuenta a la hora de poner en marcha nuevos programas. 

Una iniciativa que ha contado con la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos LAIF, y que forma parte de los esfuerzos de AECID y Global Gateway por incluir a las poblaciones más vulnerables en los programas de mejora del acceso al agua potable y al saneamiento.

En el caso de los pueblos indígenas, esta preocupación responde a una cuestión clara: existe una gran desigualdad entre la cobertura de servicios de agua y saneamiento de la que disponen los pueblos indígenas y aquellos que no lo son, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la necesidad de realizar consultas libres, previas e informadas antes de poner en marcha cualquier intervención en el territorio.

En concreto, en América Latina, se estima que los pueblos indígenas tienen entre 10 y 25 por ciento menos probabilidades de tener acceso a agua corriente que la población no indígena, y 26% menos posibilidades de tener acceso a servicios sanitarios mejorados, según datos del Banco Mundial. Al mismo tiempo, la falta de acceso a estos servicios perpetúa la pobreza crónica al contribuir a la mala salud, las enfermedades infecciosas y la desnutrición. Este bajo nivel de acceso a servicios de agua y saneamiento se debe a cuestiones diversas, que en ocasiones responden a las propias dificultades e inaccesibilidad del territorio, pero que en otras se debe a cuestiones económicas o barreras culturales y políticas a las que hay que atender. 

Las escuelas rurales

Las escuelas rurales, por su parte, son un actor esencial para el desarrollo de niños y niñas, a pesar de lo cual, en América Latina y el Caribe aún un 15% de ellas carece de servicios de agua, un 25% no dispone de servicios de saneamiento o éste es muy limitado, y casi el 40% no disfruta de servicios de higiene, según los datos publicados en 2021 por el programa de Monitoreo Conjunto para la Provisión de Agua, Saneamiento e Higiene (JMP por sus siglas en inglés).

 

Por todo ello, el FCAS ha trabajado desde sus inicios desde un enfoque de Derechos Humanos, con el foco puesto en la reducción de desigualdades y el acceso de las personas más vulnerables. Como parte de este enfoque, se han impulsado los programas en estas dos áreas, escuelas rurales y pueblos indígenas. Cada intervención ha contado con su propia evaluación final y el objetivo ahora es recoger todos lo aprendido para ver cómo continuar profundizando en ambos enfoques y qué buenas prácticas se han llevado a cabo. 

Para ello se puso en marcha una consultoría, realizada por la delegación del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) en Colombia. Se trata de una entidad que cuenta con una amplia experiencia y un reconocido prestigio en el sector como organismo dedicado a la investigación y la gobernanza del agua en todos sus aspectos. El proceso, que ha sido liderado por la oficina de SIWI en Bogotá, se encuentra en su fase final y se ha extendido por más de seis meses, con el objetivo de llevar a cabo un análisis profundo de los programas del FCAS –algunos de ellos implementados por el BID- en los que se han trabajado uno o los dos aspectos mencionados. 

 

El trabajo ha consistido en la identificación inicial de los programas y acciones específicas realizadas en torno a estos dos aspectos; la revisión bibliográfica de documentación general y específica de los programas; la realización de entrevistas en línea con personal ligado a los 7 programas identificados para abordar el enfoque de pueblos indígenas y los 4 relacionados con trabajo en escuelas; y la realización de visitas sobre el terreno a dos países: Guatemala, donde pudieron conocer de primera mano dos de las escuelas en las que intervino el programa de la mano de Acción contra el Hambre Guatemala, y Colombia, con el objetivo de realizar talleres presenciales con los actores involucrados y visitar de primera mano las escuelas en las que se intervino, llevando a cabo dinámicas participativas con el alumnado y el personal docente. 

Una vez recopilada, sistematizada y analizada toda la información, se realizarán diversas publicaciones en las que se recojan todas estas experiencias para establecer cuáles deberían ser las líneas de acción, recomendaciones y aspectos para tener en cuenta en los próximos programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.