Guatemala

En Guatemala persisten las brechas generales de cobertura en agua y saneamiento y, según datos de Naciones Unidas (JPM 2017),  el servicio de agua entubada (aunque no necesariamente potable) tiene una cobertura general del 94%, siendo a nivel 89% y urbano del 97%. Por otro lado, la cobertura de saneamiento general es del 67%, con un nivel de cobertura del 53% a nivel rural y del 81% a nivel urbano. Se destaca que en cuanto a calidad del agua apta para consumo humano solo el 15% del suministro cumple con los requisitos de potabilización. 

La falta de cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento para la población afecta especialmente a las niñas y niños en las zonas rurales, lo que eleva los niveles de incidencia en enfermedades, mortalidad y desnutrición infantil. Según los datos estadísticos la incidencia de enfermedades relacionadas con la falta de agua segura en los niños llega a ser del 48.3% (SIGSA 2018) y en cuanto a la desnutrición crónica Guatemala se encuentra entre los 5 países con mayores índices en el mundo, con una tasa que asciende a 49.8% en niños y niñas menores de 5 años.

Existe Ingobernabilidad en el sector agua y saneamiento, derivado de no contar con una ley específica que regule los aprovechamientos de agua, y, una débil institucionalidad que no favorece el cumplimiento de las obligaciones de Estado relativas al Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

Los principales gestores del agua en Guatemala son los municipios y, a menor escala en zonas rurales, las propias comunidades, en muchos casos institucionalmente muy débiles. Como responsables de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, los municipios han de formular las políticas y los planes de desarrollo urbano o rural según cada caso. Esta tarea se complica por la falta de recursos y de experiencia para poder llevar a cabo proyectos complejos, sobre todo en zonas aisladas y/o empobrecidas.