​Tras seis años de trabajo y un amplio proceso participativo en el que han participado comunidades y pueblos de todos los departamentos, Paraguay ha aprobado su Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) 2020-2030. Se trata de un documento que tiene como objetivo establecer políticas públicas para las más de 700 comunidades originarias que habitan en el país y en el que se plasma la forma de articular el trabajo entre los diferentes ministerios, así como con el poder judicial y legislativo. El proceso ha contado con una participación plena por parte de las comunidades originarias y con el apoyo de diversas organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Según el Plan Director 2018-2021 de la Cooperación española en el ámbito de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ésta se compromete a trabajar para conseguir "la participación política plena y efectiva de los pueblos indígenas y defender sus derechos, su patrimonio y su diversidad cultural", desde un enfoque basado en los derechos humanos.

En este marco general, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento mantiene una decidida apuesta por la colaboración con las poblaciones indígenas en América Latina. Así, en Paraguay se ha trabajado en el desarrollo de consultas libres, previas e informadas a través de las cuales se ha llegado a acuerdos sobre las mejores soluciones y se ha informado de los planes de trabajo, incidiendo en los aspectos de interés para las comunidades. Buen ejemplo de ello es el Proyecto Acueducto, dentro del Programa de Saneamiento y Agua Potable para El Chaco y Ciudades Intermedias de la región Oriental de Paraguay, en el cual el área de comunicación ha sido clave para la resolución de conflictos y para mantener el contacto permanente con las comunidades (en sus lenguas locales), las autoridades y la población en general.